Tres meses después de ser practicadas las detenciones de los concejales la Audiencia le dijo a la juez en un auto que no entendía de qué se les acusaba
 M. A. Un año y dos meses después de la detención de buena parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fulgencio por la investigación del denominado vídeo "trampa" -en el que aparecía el concejal de AIM, Manuel Barrera, recibiendo un supuesto soborno para favorecer una recalificación por parte de un empresario (que en realidad era un detective contratado)-, el asunto está prácticamente muerto en los juzgados de Orihuela. Esta situación en nada favorece a los imputados, en total, nueve personas, entre las que se encuentras seis políticos, un guardia civil y dos profesionales liberales (un abogado y un detective), algunos de los cuales ya comienzan a denunciar su actual situación de indefensión.
Según ha podido saber este periódico, desde hace un año el asunto está casi paralizado y no se han practicado diligencias que permitan resolver esta madeja y, lo que es más importante, saber de qué se les acusa. De hecho, la última prueba que se solicitó a la brigada policial que está investigando este asunto estaba relacionada con los patrimonios de varios de los imputados. La respuesta aún no ha llegado al juzgado y no hay nada más pendiente.
Delito
Todos ellos declararon por un supuesto delito de prevaricación, según consta en el atestado policial que se levantó, aunque la Audiencia Provincial, tres meses después de que se abriera la investigación y se detuviera a todos ellos, en un recurso, le dice en su auto a la entonces titular del juzgado que, a tenor del sumario, no sabe de qué se les acusa.
El texto reza así: "...sin que, por otro lado, en el momento actual de las diligencias se haya determinado la naturaleza jurídica de los hechos que se le imputan". Una cuestión ésta con la que coincidía el letrado de buena parte de los imputados, José Pardo Geijo, quien desde el primer momento tampoco ha entendido el delito que sostiene la imputación. El propio gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, en la única nota que ha hecho pública al respecto, aseguró que tenía que ver con una "trama urbanística", lo que horas más tarde rectificó sin que ofreciera una nueva versión sobre cuál era la imputación.
La jueza que comenzó la investigación cambió de juzgado al cabo de pocas semanas y la sustituta ha estado de baja, lo cual ha ayudado poco a clarificar este asunto en el que los imputados sólo hacen que repetir que "son inocentes" y que se sienten indefensos por la actual situación. |
